El jefe de Policía, Orlando Quevedo, debió aclarar públicamente que el personal de su fuerza recibe capacitación...
El jefe de Policía, Orlando Quevedo, debió aclarar públicamente que el personal de su fuerza recibe capacitación regular y sus armas están en condiciones idóneas. Se le crea o no, esta enfatización de lo que debería ser obvio marca una inquietud de orden político vinculada a la imagen que tiene la sociedad de la Policía que en teoría debe cuidarle la integridad patrimonial y física. El jefe trata de reducir la erosión de un par de golpes que su fuerza recibió en los últimos días, cuya inconveniencia se acentúa en cuanto se los relaciona con la inseguridad.
Los mandobles surgieron en ambos casos de procedimientos judiciales.
Uno involucra al ex subjefe Daniel Roldán en corruptelas. El otro, más grave, es el juicio oral y público en contra del ex agente Omar Vergara, que mató de un escopetazo al joven Ariel Fuenzalida, sospechado de ladrón, durante un procedimiento realizado en Andalgalá.
La línea de defensa de Vergara, reforzada por la mayoría de los testimonios, objeta la formación policial, la calidad del equipamiento y la regularidad del procedimiento fatal, en el que no estuvo presente el oficial de servicio responsable de la Comisaría esa noche, Flavio Ignes.
La muerte de Fuenzalida, en esta hipótesis, habría sido producto de la negligencia o incompetencia de Vergara, un homicidio culposo, consecuencia, al menos en parte, de la deficiente instrucción recibida por el homicida y la desidia de uno de sus superiores.
El ex agente, al que se le endilga “homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad”, declaró en la instrucción que el día del operativo fue la primera vez que disparó la escopeta Ithaca con la que mató a Fuenzalida y la segunda que la portaba. “No sabía si estaba bien. En nueve meses nunca hubo un curso y no sabía el estado del arma. Fue un accidente. No produje el disparo”, se justificó.
Su versión es que la escopeta percutió mientras forcejeaba para tratar de sacar a Fuenzalida, quien recibió el tiro en la cabeza, de abajo de un automóvil. Aseguró que antes había dado la orden de alto subrayada con dos disparos al aire.
Testimonios
Otros policías que participaron del procedimiento aseveraron que Vergara entró en “shock” tras el incidente y dijo en ese mismo momento que el tiro se le había escapado.
El cabo Víctor Chaile señaló que esa noche la Comisaría de Andalgalá funcionaba con el personal mínimo y que el oficial de servicio no estaba. “Salimos a la calle sin un oficial”, marcó. Como detalle ilustrativo de las carencias policíacas, añadió que la noche del homicidio tuvo que alumbrarse con una linterna prestada. “Uno se maneja con lo que tiene. En los procedimientos, tenemos que pedir linternas prestadas. Es un trabajo muy condicionado y seguimos trabajando así”, se quejó.
La cabo Roxana Flores opinó por su parte que “el oficial de servicio tendría que haber estado al mando. Cada uno hizo lo que pudo”.
Sergio Molina expresó que, dada la ausencia de un superior, él y Vergara se guiaron por “intuición propia” y que la escopeta Legend que portaba y la Ithaca de Vergara “son armas viejas”.
Graciela Lizárraga, agente que la noche funesta se desempeñaba como radioperadora, señaló que no pudo encontrar al oficial de servicio Ignes en la comisaría, de modo que, cuando los efectivos que habían salido al operativo requirieron la presencia del superior debido a la gravedad de lo ocurrido, lo llamó al teléfono particular. “Estaba en su casa y pidió que el móvil vaya a buscarlo. Vive como a dos kilómetros de la Comisaría”, contó.
Ignes, dijo, “debió haber estado en la guardia, porque estaba de servicio”. La muerte de Fuenzalida sirvió para ajustar los procedimientos: “Hoy, cuando salen los móviles y se usan las ithacas, sí sale un oficial a raíz de esto”.
El policía Juan Romero indicó que “no es normal que salga una comisión sin oficial de servicio. Ameritaba la presencia del oficial”.
Natalia Sánchez, nieta de la propietaria de la casa donde Fuenzalida y su cómplice habían entrado a robar, testificó que la fiscal había dicho que el procedimiento “estaba mal hecho, porque no estaba el oficial de servicio”.
Axel Ayosa, cómplice del muerto, señaló no recordar bien lo que había pasado porque habían ingerido alcohol “con pastillas”, cóctel clásico de adictos pobres: “Estaba bajo un auto. Fuenzalida quiso hacer lo mismo pero no pudo. Estaba (el auto) bajito. ‘Correte’, me decía. Sentí un disparo y veo a Ariel tirado. Escucho que alguien pregunta ‘¿qué pasó?’ y otra persona responde ‘se me escapó el disparo’”.
Respuesta oficial
El jefe Quevedo desvirtuó las críticas a la formación y el equipamiento policial y consideró que las deficiencias son responsabilidad de cada policía. “Da pena que un policía diga que no conoce el uso de un arma”, se lamentó.
“Todo el personal”, aseveró en declaraciones a El Ancasti, tiene cursos de capacitación que son obligatorios. “Están establecidos dentro del Reglamento de Personal Policial y necesariamente los deben hacer. Dentro de esos cursos está la materia Arma y Tiro. La aprobación de esta materia les permite ascender al grado inmediato superior”, explicó.
Para Quevedo, que un policía hable de falta de capacitación “pone de manifiesto que existe una falta de compromiso total de ese personal para con la función que desempeña”.
Sobre el armamento, “a todas las promociones de agentes y oficiales que egresan se les entregan armas nuevas”.
“Cada comisaría o unidad operativa que tiene estas armas de fuego es responsable del mantenimiento correspondiente. Cuando se detecta alguna falencia o mal funcionamiento, inmediatamente tienen que dar conocimiento a la sección Armería. Se rescatan esas armas y se les da el trato correspondiente: repararlas o dejarlas fuera de funcionamiento”, explicó.
Giro
El proceso contra el policía Vergara puso el foco de atención sobre un tema muy delicado en el contexto de la presión por mayor presencia policial para disuadir y reprimir al delito y la incorporación de efectivos. Es inquietante la posibilidad de que el Estado arme sujetos incompetentes o negligentes en el apuro por dar respuesta al reclamo por la inseguridad. Constituye, por un lado, un peligro. Por otro, facilita la tarea de los malandras.
Está al caer la sentencia contra Vergara, pero hará falta más que eso para disipar las dudas en torno a la aptitud de por lo menos una parte de los integrantes de la fuerza policial.
El Ancasti
