Castigo De Estado

El diario El Ancasti en su sección Cara y Cruz exhibió una verdad ineludible en relación a la opereta que desde el Senado Provincial se pretende instalar: La Ley de Coeherencia Minera con el mandato de la Gobernadora Corpacci. ¿Obediencia? Si. Investigación, lealtad con el pueblo? Cero. Aqui la nota completa

El proyecto de ley con media sanción del Senado denominado de "Coherencia minera” va camino a institucionalizar el castigo como política de Estado. Se trata de una iniciativa sin precedentes en la provincia, y quizás también en el orden nacional. Por primera vez, un gobierno provincial podría sancionar económicamente a los municipios que no están de acuerdo con determinados aspectos de una actividad productiva, en este caso la minería. No con el desarrollo en sí de los proyectos y la generación de recursos económicos, sino con la falta de garantías ambientales. Porque no es otra cosa lo que atacó el fallo de la Justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como el juez de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro: en un caso se apuntó a la autorización del emprendimiento Agua Rica con un informe "condicionado” y no definitivo de impacto ambiental, y en otro se especificó que el proyecto no garantiza la preservación del agua para la población. Lo que hizo luego el Concejo Deliberante andalgalense fue prohibir la explotación minera a cielo abierto en las altas cuencas hídricas de la cabecera departamental. Aludía puntualmente a los proyectos Agua Rica y Filo Colorado. En el fondo, lo que subyace es un serio déficit de consenso y de comunicación de la Provincia con esa comunidad. Pero también la falta de profesionalismo e idoneidad de las partes comprometidas en el desarrollo de un emprendimiento de semejante envergadura sin elaborar y transparentar antes una declaración de impacto ambiental que despeje cualquier duda. 

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La ley de "Coherencia minera”, de autoría del oficialista belicho Jorge Solá Jais, fue defendida por los senadores provinciales con argumentos que denotaban un resentimiento asombroso con las autoridades andalgalenses. La síntesis fue que si el municipio de la Perla del Oeste no quiere tener minería, tampoco debe aspirar a recibir las regalías que produce la actividad. Por cierto, el castigo distributivo también se extendería a los municipios que actúen de igual forma que el conducido por el radical Alejandro Páez. Fue precisamente Páez quien develó, en diálogo con Radio Ancasti, una burda intentona extorsiva de parte de la Cámara alta. Dijo que el día en que el proyecto obtuvo media sanción se comunicó con el senador del departamento, Juan Carlos Espinoza (FV), y éste le dijo que el cuerpo está dispuesto a dar marcha atrás con el proyecto si el municipio hace lo propio con la polémica ordenanza. "Esto me pareció una aberración, pero más parecía una extorsión o al menos teníamos otra expectativa, pensábamos que se iba a profundizar el diálogo”, expresó el intendente. Claro que falta y faltó diálogo. Nada de esto hubiera ocurrido si existiera una genuina política de Estado con la minería. Porque no alcanza con decir que Catamarca es minera y apoya la actividad. Hay política de Estado cuando todos los actores comprometidos trabajan en una misma dirección. 

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Ya es tarde para lamentos. Andalgalá no puede dar marcha atrás con su ordenanza y el Senado no puede arrepentirse de su abominación legislativa. Porque el proyecto consagra la desigualdad como norma. Y el Estado es de todos. Un gobierno debe gobernar para todos, no solo para los que aplauden sus políticas. En todo caso debe propiciar un mecanismo de concertación y de consenso para avanzar con los temas que son resistidos. Debe hacer todos los esfuerzos necesarios para el desarrollo de la minería. Tiene el deber de agotar las instancias de diálogo antes de declarar la guerra. Por ello, la única alternativa que existe hoy en Catamarca para dar el debate que el Senado no dio, por el simple hecho de que se maneja con una mayoría automática y se limita a ratificar la voluntad del Ejecutivo, es la Cámara de Diputados. Algunos legisladores de la oposición adelantaron su postura contraria a la sanción de esta ley. Y es posible que también adhieran algunos oficialistas que no coinciden con la iniciativa. Todo indica que Diputados será el filtro para la Coherencia minera. A menos que entren en funcionamiento esos maravillosos mecanismos persuasivos, medidos en millones, que hicieron posible el incremento del número de miembros de la Corte de Justicia provincial.