Inseguridad

Sin duda son derechos inalienables de las personas y las comunidades, el derecho a la educación, a la información, a la salud, y por supuesto a la seguridad. Estos derechos deben estar garantizados por el Estado. Y en la medida que éstos lleguen a las personas de las comunidades, es cuando se vislumbra sin un gobierno ha tenido éxito en su gestión o si por el contrario, es una deuda sin saldar.

Andalgalá está viendo tristemente uno de esos derechos comenzar a resquebrajarse. Los andalgalenses nos jactábamos, en el buen sentido, de tener una de las sociedades más seguras y tranquilas de la provincia. Para muchos de nosotros era común olvidar cerrar con llave las puertas, ya que nunca antes lo habíamos necesitado. Quien, de los que nos hemos criado en Andalgalá, no hemos dormido algún verano en el patio de la casa o con las puertas y ventanas abiertas para desalojar el calor del día encerrado entre las paredes del hogar. Bueno, ya podemos dejar atrás este recuerdo. Desde hace un tiempo, Andalgalá ha experimentado cambios que hoy ponen nerviosas a muchas familias.

Ahora pensamos dos veces antes que nuestros hijos e hijas caminen solos de noche por nuestra querida ciudad. Las casas ya no son lo suficientemente seguras ante el avance de los amigos de lo ajeno. El aumento en el consumo, tenencia y distribución de drogas ha sido exponencial en el último tiempo, lo que trajo aparejado como lógica consecuencia más inseguridad.

Tristemente ya hemos asistido a lo que otras ciudades están acostumbradas a ver, gente mayor golpeada para robarle sus pertenencias, sustracción violenta de elementos en plena calle, pandillas que se reúnen de noche para programar sus fechorías y la hasta ahora dudosa muerte de un joven que escapaba de la policía después de perpetrar un ilícito. 

Por esas y otras razones Andalgalá comenzó a reunirse, a expresarse, a pedirle al Estado provincial más presencia para frenar esta avanzada de inseguridad. La provincia conoce que nuestra comunidad no tiene medias tintas, cuando pide algo que es justo y que forma parte de sus derechos lucha hasta alcanzarlo. Por eso como primera medida algunas familias comenzaron a reunirse, a marchar en silencio, pero también a expresarlo a viva voz ante los medios. 

Llega la respuesta, pero no como se esperaba

El pedido de Andalgalá fue claro. El Vice Gobernador, que en la campaña del año pasado había prometido preocuparse personalmente por el tema, debía venir a cumplir su palabra. La Secretaría de Seguridad de la Provincia debía dar muestras de interés, capacitando a los servidores públicos que tiene que ver con el tema, y la justicia empezar a ver qué se necesita para que la aplicación de las normas sean acordes a lo que prevé la Ley y en concordancia con la exigencia comunitaria.

Bueno, a decir verdad la respuesta llegó. La Secretaría de seguridad envió dos emisarios a principios de la semana pasada para que comiencen a preparar el terreno para el desembarco de las principales autoridades que tienen injerencia en el tema. Se entrevistaron con vecinos, con la policía, la justicia y con el Intendente Alejandro Paez quien se comprometió a brindarles la infraestructura necesaria para llevar a cabo una primera reunión y comenzar a conformar los primeros foros ciudadanos de seguridad. Hasta ahí todo bien. O por lo menos, eso parecía.

Llegó el día. Fue el viernes 27 de mayo pasado. Allí con la presencia del Vice Gobernador de la provincia, el Senador Juan Carlos Espinoza, el Secretario de Seguridad Marcos Denett, y el Jefe y Subjefe de la Policía de la Provincia Julio César Gutiérrez y Carlos Romero, se mantuvo una primera reunión en el Hotel de Turismo local a fin de crear el Foro de Seguridad Ciudadana. Se encontraban también algunos concejales, entre ellos el Concejal Jose Luis Olás a cargo del Ejecutivo, ya que el Intendente Paez estaba en la ciudad de Catamarca atendiendo su salud. 

El Vice Gobernador dijo en varias oportunidades que “esto es un trabajo que tenemos realizar entre todos, sin mirar el color político porque es un problema que nos aqueja a todos por igual tanto a radicales como peronista y cualquier otro sector”, luego de lo cual fueron hasta el Cine Teatro Municipal a reunirse con los vecinos. 

Lo que llama poderosamente la atención es que a pesar de que las palabras del Vice Gobernador iban en un sentido, sus acciones iban en el sentido contrario. Porque SÍ fue un acto político. Es decir, es sabido que cualquier político aprovecharía una situación como ésta para hacer política, sería como pedirle a un delantero de un equipo de fútbol que no intente meter un gol si la tiene picando en el área, pero política en serio, de cara a la gente, generando acciones para solucionar el problema, pero no viendo la situación como una oportunidad para desterrar un problema político del gobierno.

Segundas intenciones 

En todo momento se resaltó la necesidad de ampliar los miembros de la Corte de Justicia de Catamarca como la salida a la problemática de seguridad en nuestra ciudad. ¿En serio? ¿No era mejor hablar de más presencia policíaca en nuestras calles?¿No era mejor crear un plan para que nuestra policía esté mejor capacitada, que tenga una buena provisión de combustible para sus móviles, que la justicia se ponga al frente de la lucha contra el flagelo de la inseguridad?

Todo da a entender que esta movida de rápidos reflejos del gobierno provincial fue sólo para atemperar los ánimos de los vecinos y usar nuestra necesidad como moneda de cambio para avanzar con una jugada política que hace rato la Provincia quiere desarrollar: el aumento del número de miembros de la Corte de Justicia de nuestra provincia de tres miembros a siete. El miércoles 4 de mayo de este año ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo provincial por el que se modifica la ley Orgánica del Poder Judicial. La iniciativa propone que la Corte esté integrada por siete miembros. Además pretende que el tribunal se divida en salas, según la materia a tratar y que el presidente dure dos años en su cargo.

¿Quién nombraría a esos otro cuatro miembros del Superior Tribunal?. Adivinen. Si, acertaron. El Ejecutivo Provincial. Tener jueces amigos en la Corte significaría una justicia subordinada y con superioridad numérica automática. Recordemos que este tribunal dirime también asuntos judiciales entre municipios de la provincia, y litigios de los municipios en contra del Estado Provincial llegado el caso. O sea que teniendo la Corte de su lado la provincia se asegura el control de un probable problema político en el futuro.

Entonces, el apuro por venir a Andalgalá, ¿de veras responde a la necesidad de la población fuerteña, o es un paso más para asegurarse un camino político más allanado frente a un futuro aún incierto en materia económica y política en estos tres años que les quedan de gestión gubernamental?

Por ahora la cosa está estancada por que el FCyS no aprueba que se suba a siete los miembros de la Corte. Habría acuerdo a que suba a cinco. Además está la cuestión económica. Aumentar en cuatro los miembros de la Corte significaría “un costo de sostenimiento que equivaldría al costo que se necesita para poner en funcionamiento prácticamente tres juzgados de primera instancia”, según palabras de la Diputada Marita Colombo. Además mencionó a la prensa que las demandas que plantea la ciudadanía “no se van a resolver únicamente con la modificación de la integración del Tribunal, ni del número de miembros, ni con la especialización de las Salas”. Pero si podría resolver algunas necesidades políticas del gobierno.

Así dadas las cosas, causa perplejidad el uso que se le dio a esta necesidad de nuestra ciudadanía. Tanto hincapié se hizo en la reforma y aumento de los miembros de la Corte que llegó a parecer que el pedido de Andalgalá quedó otra vez, como suele suceder, en un plano mucho menos prioritario. 

La deuda aún no está saldada.